
ESTUVO EN PRISIÓN ENTRE OCTUBRE Y ABRIL; AHORA PROCURA EVITAR UN REGRESO.
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA FIJÓ PENSIÓN DE ₡1.7 MILLONES POR 2 HIJOS
Tras pasar 6 meses en el centro penal La Reforma salió de las rejas, pero con una condición clara: deberá reunir en cuestión de 15 días la suma de ₡550 mil para pagar la pensión alimentaria por sus 2 hijos de 8 y 3 años porque, de lo contrario, regresará tras los barrotes.
Según dice, es más que una tarea titánica. “¿Quién le dará trabajo a una persona que recién sale de prisión y que en cuestión de días tiene que reunir tal cantidad de dinero?”.
Esa es la realidad que hoy tiene a Fabio Cabezas, de 34 años, entre la espada y la pared. Igual que él, decenas de hombres están en una situación similar: con el fantasma del calabozo acechando la espalda por no conseguir el dinero para pagar montos de pensión que consideran desmesurados.
Entre el 30 de octubre de 2017 y el 30 de abril pasado, cumplió con la orden de apremio corporal (detención) por no haber cancelado cerca de ₡10.5 millones que se fueron acumulando debido a los atrasos.
Y es que desde hace 3 años un juez fijó en ₡1.7 millones el pago de la obligación por sus 2 hijos y su exesposa. Esa situación, según confiesa, complicó su panorama económico al punto que se tradujo en una cifra impagable y –de rebote- motivó a que estuviera ‘de huida’ durante varios meses ante la negativa de ir preso.
Tras estar detenido, su exesposa renunció al dinero que le correspondía y el monto a cancelar mensualmente se redujo a los ₡550 mil. “Anduve peor que un delincuente, tuve que huir ante el temor de ir a la cárcel. Yo no soy un criminal. Aunado a eso, pasé 2 años sin ver a mis hijos. En octubre del año pasado dije que ya no me iba a esconder más y me entregué”, relata Cabezas, quien afirma que laboraba como ‘polaco’ (comerciante) con varias rutas de negocio.
Sin trabajo
Ante la imposibilidad de conseguir empleo en pocos días, el hombre de 34 años irá al juzgado de pensiones alimentarias para solicitar una prórroga de un mes que le permita conseguir una fuente de ingresos antes de ser detenido nuevamente.
“Salí el 30 de abril y el 17 de mayo tengo que pagar los ₡550 mil. Tendré que presentarme al juzgado para decir que no he encontrado trabajo. Que me echen una mano… ¿Quién consigue medio millón, libre, en 15 días, cuando estuviste 6 meses preso?”, apuntó el hombre.
De momento Cabezas permanece en casa de un amigo, quien le tendió la mano de manera temporal. Sin embargo, ante la imposibilidad de conseguir ingresos valora solicitar un préstamo a un tercero. “Estoy saliendo de una, para meterme en otra”, sostiene.
Su crítica más fuerte es a la ley de pensiones alimentarias, pues no existe una posibilidad real de conseguir empleo para honrar el pago de una forma expedita, tal y como se pretende.
“Yo lo único que sé es vender. Siempre he trabajado en tiendas y comercios. Yo era ‘polaco’, pero por eso perdí todo. Mis clientes, mis rutas y mis ingresos”, subrayó Cabezas, quien afirma que la jueza de primera instancia fijó el monto de pensión sin valorar minuciosamente su realidad financiera.
Proyecto en discusión
El proyecto 19.455 que reforma el Código Procesal de Familia, presentado a la corriente legislativa en 2015 y aprobado en primer debate en febrero anterior, procura variar algunos de los puntos más cuestionados de la ley actual.
Por ejemplo, se estableció una gradualidad de acuerdo a la cantidad de órdenes de apremio que se han girado contra una persona. Así las cosas, el primer arresto será por 2 meses; el segundo hasta por 4 meses y el tercero hasta por un espacio de 6meses.
“Se podrá excluir del cumplimiento de la orden de apremio corporal a aquellas personas que se encuentren en estado avanzado de embarazo o que se encuentren con una situación de salud que su condición de apremiado pueda causarle una afectación mayor. Todo a juicio del tribunal“, cita parte del proyecto aprobado en primer debate.
Otro cambio estipula la figura del apremio corporal nocturno, para que los deudores que permanecerán detenidos hasta por 6 meses salgan a la calle a trabajar y consigan dinero para honrar la deuda.
Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes mostró su inquietud con algunos de los aspectos planteados por el proyecto debido a que supondrían una ‘flexibilización’ en el cumplimiento de las obligaciones.
Escrito por Pablo Rojas
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